Son ellos mismos…

Por Julio Oliva García

“Son ellos mismos” se llamaba la banda que acompañó a Mauricio Redolés
por algún tiempo. Él mismo explicaba, a fines de los ’80, que el
nombre había surgido de la respuesta que se daba cuando por esos años
habían hechos que intentaban cambiar el foco de atención, como la
“virgen de Villa Alemana”, saliéndose del tema de la caída eminente de
la dictadura.

Hoy, cuando la movilización social sigue creciendo y pone en jaque la
institucionalidad antidemocrática toda, extrañamente hay dos bombazos
seguidos en el monumento en memoria al ideólogo dictatorial Jaime
Guzmán. Este lugar está sobreprotegido, no solamente por el monumento
de estilo fascistoide, sino también porque en el mismo sector está la
embajada de Estados Unidos, entonces cabe preguntarse quién es tan
audaz o tiene tanta preparación y conocimiento como para hacer algo de
ese estilo.

Hemos visto en las movilizaciones carabineros y agentes de
Investigaciones “camuflados” de encapuchados, según su mando para
detectar a los violentistas, pero obviamente también han participado
de la incitación a la violencia, en especial a aquella que no tiene
como objetivo detener la represión sino dañar al movimiento, volcando
y quemando autos, apedreando edificios, robando en La Polar o en otros
locales, donde extrañamente también no han llegado las fuerzas
policiales uniformadas, que se pasean por miles en los días de
marchas, a detener tales desmanes.

Un desquiciado edil pide sacar a las fuerzas armadas a la calle si la
policía no puede con la movilización, señala a la vez que esto no
tiene nada que ver con ideologías, que Pinochet es cosa del pasado,
pero insiste en defender su escaso poder con la fuerza. Otro amenaza
con detener a todo el que porte pañuelo o bufanda al cuello pues
amenaza con encapucharse, como si el frío y las lacrimógenas no fuesen
suficiente exigencia para ponérselas.

Nada les resulta, llaman a que los que quieran estudiar se inscriban
en diversos lugares y no solamente llega escasa gente, también hacen
el llamado con un afiche en el que sus tres protagonistas demandan su
salida pues participan del movimiento actual, la imagen fue robada de
otra campaña realizada hace años por el MINEDUC y nadie les avisó ni
les pidió permiso para utilizarla en contra de los que ellos defienden
hoy.

Entre gobierno y “oposición” tratan de convencer a los estudiantes y a
la sociedad de que el problema debe arreglarse en el parlamento, como
en toda democracia que se precie, pero nadie les cree pues la
autodenominada “clase política” está desprestigiada hasta más no poder
y la institucionalidad, esa que uno insiste en decir que funciona, se
cae a pedazos con su origen oprobioso en medio de la sangre y la
infamia, su continuidad segregadora y absolutamente elitista, y su
absoluto desprecio por la ciudadanía. No por nada el 50% de los
chilenos en edad de votar no quiso hacerlo en las últimas elecciones,
no se inscribió, no fue a votar o votó nulo y blanco, pues desprecia
el modelo electoral impuesto y defendido por los herederos de la
dictadura.

No solamente Carlos Larraín, el senador designado de RN, se aterra con
el plebiscito y llora por la posibilidad de que surja una Asamblea
Constituyente donde llegue gente “que nadie conoce”, acostumbrado como
está a solucionar las cosas entre “gente bien”; también sale Zaldivar
diciendo que no está para plebiscitos, no vaya a ser que a la chusma
se le ocurra plebiscitar la zonas marítimas de pesca industrial y le
embarren el negocio con Angellini, y pinponea Walker, presidente de la
DC, que aborrece esos estilos de gobernantes “antidemocráticos” como
Chávez, Evo Morales y Correa. Pero la exigencia de plebiscito
vinculante con participación ciudadana sigue creciendo, generando
espacios amplios de trabajo y de acción.

Así es, “son ellos mismos” los que intentan aterrar a la población o
volverla al estado de embrutecimiento en el que la mantuvieron por
tanto tiempo; son ellos mismos los que insisten en resolver entre
cuatro paredes problemas que en 30 años no han resuelto por que están
involucrados hasta las masas en su ejecución.

Son ellos mismos los que quieren que no nos juntemos, que no nos
organicemos, que no salgamos a las calles, que no marchemos, que no le
demos a la cacerola ni hagamos la barricada para expresar la
indignación acumulada, para exigir Educación estatal, gratuita y de
calidad, para querer resolver las cosas desde las mayorías y no desde
esa ínfima mayoría que hoy cree ser dueña de Chile.
 

La conveniencia de una nueva Constitución

Editorial: La conveniencia de una nueva Constitución

Una Constitución vigente se puede enmendar muchas veces. Incluso es recomendable hacerlo cuando determinadas normas o partes de ella quedan obsoletas o a contra pie de los hechos sociales y políticos. Por ello, en todas se explicitan normas y procedimientos para su reforma. Pero su elasticidad política no es infinita, como se ha pretendido en Chile con la Constitución de 1980. Si se exacerban, los ejercicios de reforma pueden derivar en adefesios institucionales en que todo funciona casuísticamente, y muy pocos de sus contenidos expresan las mayorías legítimas de una sociedad democrática.

Hacer una nueva Constitución es un ejercicio diferente al de una reforma constitucional. Se trata de una acción fundante, destinada a elaborar los contenidos de un nuevo pacto político integral de la ciudadanía sobre las formas de generación, distribución y ejercicio del poder político, además de una definición de los valores de orientación que guiarán la vida social e institucional del país con el carácter de legítimos. Sus resultados pueden contener cosas que estaban en la anterior, pero serán articulados por una nueva lógica social y política mayoritaria.

Hacerlo es un acto político antes que jurídico, si bien el resultado final es una ley de leyes.
Chile ha sido dominado durante 20 años por el binominalismo estructural  que impregna la Constitución de 1980. Este obliga, como un juego normal de las elites, a someter todo a una negociación, pues el empate institucional es la regla. Pero tal negociación se da en dos planos muy diferentes, según sean los bienes en disputa.   Por una parte, el Estado y el gobierno exhiben una enorme supremacía restrictiva en materia de libertades políticas frente a los ciudadanos (iure imperii) que es casi imposible romper por el empate electoral binominal. Por otra, cuando se trata de derechos económicos ocurre exactamente lo contrario, el Estado solo tiene poder de administración  (iure administrationis) y se negocia en la libertad del mercado según el poder y capacidad de los actores, produciéndose una enorme asimetría entre el poder económico y los ciudadanos comunes y corrientes.

El artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 sostiene que “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Es ello lo que ha generado un país de enormes desigualdades y carencia de derechos, parte de lo cual, finalmente, ha terminado por germinar en una ola de malestar ciudadano que se expresa en las manifestaciones sociales de los últimos meses.
Cada reforma a la actual constitución (de 1980) fue, en su momento, un parto de los montes, por sus complejos mecanismos, que excluyen totalmente la participación ciudadana, y tienen costosos quórum legislativos que transforman todo en una difícil negociación.

Nadie pretende que las Constituciones sean desechables, pero las sociedades modernas no son entes en equilibrio estático sino ambientes sociales en flujo, y Chile ha cambiado, y mucho, en los últimos veinte años. Los gobiernos y la  política debieran ser capaces de captar ese movimiento, de múltiples intereses y actores, y transformarlo en un acto creativo que mantenga a la sociedad en el camino del progreso de una manera estable.

Ese arte posiblemente implica conservar aquello que está en la memoria institucional profunda del país pero, al mismo tiempo, ceder ante los hechos nuevos y crear los cambios indispensables. Es, o debiera ser,  un gran debate social, no de carácter exclusivamente jurídico o normativo, sino político y cultural, que involucre a toda la sociedad, porque las constituciones finalmente las hacen los pueblos.
Ello nunca ha ocurrido en Chile. Nuestra elite, de izquierdas y derechas, de corte autoritario, jamás ha sostenido la posibilidad de hacer un ejercicio de ingeniería social participativa sobre una Nueva Constitución.

El artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 sostiene que “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Si Chile siguiera esta prescripción hoy entendería que el proceso social que se vive expresa desacuerdos  tan profundos sobre la institucionalidad que nos rige, que es hora de cambiar la Constitución.

El desgaste político de enfrentar una reforma educacional de fondo, sin lucro y con cambios tributarios, no es un acto simple. Menos aún para un gobierno de baja popularidad como el actual.
Menos aún si debe unirse a una promesa de  diseñar una institucionalidad regulatoria rigurosa que evite de manera transparente la mezcla de política y negocios y los abusos a los ciudadanos, que impulse una sociedad de derechos constitucionalmente garantizados, entre ellos educación de calidad, salud, previsión social y un medioambiente sustentable,  y un régimen político descentralizado y moderno. Todo ello implica un cambio de la matriz conceptual de la Constitución de 1980 y hay que realizarlo como un proyecto nacional.

Todo indica que hoy en Chile existen las condiciones para iniciar un proceso participativo hacia una Nueva Constitución, por primera vez en la historia de nuestro país.

El Mostrador

Informativo sobre Constitución, educación y Asamblea Constituyente

La Red de Estudiantes de Chile por una Asamblea Constituyente (RedesChile) dio a conocer el siguiente informativo, destinado especialmente a los estudiantes secundarios que se encuentran movilizados por la educación pública, lo que, además de paralizaciones, tomas de establecimientos y marchas callejeras, contempla jornadas de reflexión y educación cívica.

“Para entender cómo lograr la estatización de la educación y cómo realizar cualquier cambio profundo en relación con este derecho es necesario estar informado de dónde proviene el sistema actual y la forma real de cambiarlo.

Entre 1979 y 1990 (dictadura militar) se creó el sistema educativo actual y se impuso mediante decretos ley, sin aprobación ciudadana. Todas las falencias e injusticias presentes provienen de estas políticas:
1º Decretos Ley 3.063, 13.063, 3.473, 3.476 y 3.477 de 1979 y 1980; se implementa todo un sistema de traspaso a las municipalidades de los establecimientos de enseñanza básica y media que administraba el ministerio de educación (Estado). Esto genera la precarización y abandono de los colegios hasta llegar al punto de cerrar muchos de ellos hoy en día.
2º Decreto Supremo, 5 de junio de 1980; se fija nuevos objetivos, planes y programas a la educación general básica (fin a la educación cívica).

3º Decreto Ley 3.476 de 1980, nueva ley de subvenciones a la enseñanza privada, que mejora los montos (más dinero). La idea es estimular el proceso de privatización de la enseñanza, abandonar los liceos públicos para traspasar más dinero a colegios privados.
4º CONSTITUCION POLITICA (Decreto Ley 3.464), 21 de octubre de 1980; establece la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos, desligándose el Estado de su responsabilidad educativa (artículo 19 N° 10) y establece la libertad de enseñanza (artículo 19 N° 11), que permite y fomenta el lucro con la educación y los recursos públicos. Publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de octubre de 1980.
5º Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), 10 de marzo de 1990; última ley decretada por la dictadura militar. Reafirma la libertad de enseñanza (lucro) y dice cómo funcionará la educación pública en Chile. Esta ley está sometida a la Constitución.
6º Ley General de Educación, 2008. Sigue manteniendo la libertad de enseñanza (lucro) y la desligación del Estado en la educación. Sólo es protector de este derecho y no garante y asegurador. También obedece a la Constitución y no puede ser cambiada sino mediante una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente.
La ASAMBLEA CONSTITUYENTE permite que todos los ciudadanos participen de la redacción de una nueva Constitución.

Permite asegurar en ella los derechos que crean convenientes:
-Educación estatal gratis hasta la universidad.
-Estatización educación básica y media.
-Inviolabilidad de los establecimientos educacionales por las fuerzas policiales.
-Participación estudiantil en las políticas educativas del país.
-Garantizar calidad educativa e integral, infraestructura de calidad y bien mantenida.
-Cualquier otro derecho: salud, transporte público, protección de la naturaleza.
Los estudiantes tenemos derecho de exigir y participar de una Asamblea Nacional Constituyente. Para lograrla hay que exigir un plebiscito en el cual el pueblo chileno decida si quiere seguir con la Constitución actual o bien cambiarla mediante una Asamblea Constituyente.

La Constitución obliga a que toda demanda ciudadana pase por este proceso. La demanda de estatización de la educación pasará por lo mismo si no se exige Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Si sólo se exige cambio de la Constitución sin Asamblea Constituyente, ese cambio pasará por los mismos filtros antes mencionados hasta convertirse en una Constitución igual o peor a la anterior.
Todo esto hace imposible que se pueda redactar una nueva Constitución si no es mediante una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía. Y la única manera de que se realice una Asamblea Constituyente es asumirla como demanda estudiantil y ciudadana.

Es necesario incluir la ASAMBLEA CONSTITUYENTE en las demandas, ya que no hacerlo significaría no lograr la estatización de la educación ni el cambio del artículo 19 N.os 10 y 11”.

Fuente: Red de Estudiantes de Chile por una Asamblea Constituyente.
redeschile.ac@gmail.com