Publicado en TIEMPO ARGENTINO, 16 de marzo de 2013
Derechos Humanos: otra víctima de la transición chilena.
Por Gustavo Ruz, Coordinador Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile, candidato ciudadano a la presidencia 2014. www.
Pese al coraje
y sacrificio de miles de luchadores antidictatoriales, el factor
determinante en la salida del General Augusto Pinochet desde el Palacio
de la Moneda, el 11 de marzo de 1990, fue la presión del gobierno de
EEUU.
La
Casa Blanca no estaba preocupada, por cierto, de poner fin a las
violaciones de los Derechos Humanos en Chile, sino de apoderarse de
nuestras colosales reservas de cobre , materia prima esencial para todo
el diseño tecnológico del capitalismo mundial en el siglo 21.
Pinochet
era lo menos parecido a un auténtico patriota, pero tuvo en cuenta la
postura de una mayoría del cuerpo de generales del ejército que se
opuso, hasta 1990, a la privatización y desnacionalización del cobre
chileno.
El
embajador de EEUU en Santiago, Harry Barnes, fue el gran ingeniero que
tuvo a su cargo - entre 1987 y 1991 - la delicada maniobra de apartar a
Pinochet del Palacio de la Moneda y entronizar a un civil golpista, el
democristiano Patricio Aylwin, como Presidente Constitucional de Chile.
El resultado está a la vista: Cuando Pinochet abandona el Palacio de
la Moneda para continuar, durante otros 8 años como Jefe del Ejército, y
más tarde como Senador vitalicio, la propiedad estatal del cobre
alcanzaba al 93% de la producción. Durante los 20 años que gobernó la
coalición llamada CONCERTACION DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA, el Estado
chileno resignó a manos de las transnacionales el 72% de la producción
nacional de cobre. Adicionalmente, en ese mismo período el capital
extranjero pasó a controlar más de dos tercios del Producto Interno
Bruto.
Hay
otras variables, por cierto, que intervinieron en la mal llamada
“transición a la democracia”, pero la explotación, fundición,
refinación, comercialización y manufactura del cobre chileno – que había
sido estatizado por la unanimidad del parlamento durante el gobierno de
Allende, en 1971-, fue el eje ordenador de la política y la economía en
los últimos 22 años.
Su
desnacionalización fue comprometida por el liderazgo concertacionista
antes de llegar al gobierno en 1990. Usurpando la representación del
pueblo chileno y por presión de la Casa Blanca, el liderazgo
concertacionista pactó la conservación del modelo económico e
institucional de la dictadura mediante un sorpresivo plebiscito que tuvo
lugar en julio de 1989. En dicho evento, los votos democráticos fueron
sumados a los votos del fascismo criollo para reconocer como legítima la
Constitución impuesta por la dictadura en 1980, reformándola
negativamente, de tal manera que se hizo prácticamente imposible
modificarla en todo lo concerniente al modelo económico y los
privilegios de los poderes fácticos.
Ello
explica que los principales grupos empresariales y los medios de
comunicación que sustentaron por 17 años a la dictadura sean, hoy,
precisamente, los que han alcanzado una posición hegemónica en la
sociedad y del Estado, y muy particularmente, en la política
parlamentaria en el Chile del siglo 21.
Y
ello explica, por consiguiente, que los Derechos Humanos pasaron a
segundo plano desde el 11 de marzo de 1990, cuestión que hizo patente el
Presidente Aylwin cuando señaló que sólo habría justicia “en la medida
de lo posible”.
Poco
después, en 1995, el Ministro Socialista, Germán Correa, admitió que
“LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EN LA AGENDA DEL ACTUAL GOBIERNO”.
Ello
explica la prontitud con que el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle – a
través de su canciller, el socialista José Miguel Insulza – usó todos
los recursos del Estado para terminar con la Detencion de Pinochet en
Londres e impedir que fuera procesado en España a requerimiento del
Juez Baltazar Garzón.
Ello
explica que el Presidente Ricardo Lagos, promulgara una ley en que EL
TESTIMONIO DE LA VICTIMAS ANTE LA COMISION VALECH, en contra de sus
torturadores y asesinos, sería mantenido en secreto durante 50 años,
para impedir las acciones conducentes a sancionar a los culpables.
Así
se puede comprender que sólo 70 uniformados, casi todos ellos de bajo
rango, están pagando con cárcel en un país en que se han acreditado
miles y miles de crímenes de lesa humanidad CUYOS AUTORES MATERIALES E
INTELECTUALES NO SOLO GOZAN DE BUENA SALUD Y TOTAL IMPUNIDAD, sino que,
incluso, algunos de ellos actúan de pleno derecho en el marco de la
constitución pinochetista todavía vigente en Chile.
Ello
explica que el General Pinochet fuera sepultado con honores militares
en una ceremonia de Estado en la que estaba presente la Ministra de
Defensa, representante de la Presidenta de la República.
Las
fuerzas auténticamente democráticas continúan la lucha democratizadora,
sin descanso y sin tregua. Hace algunas semanas, el abogado Eduardo
Contreras entabló una demanda contra quienes resulten responsables del
Golpe Militar de 1973. Algunos fallos en la Corte Suprema y en algunas
Cortes de Apelaciones, han permitido avanzar puntualmente en materia de
reparación material a las víctimas y sus familiares. Adicionalmente,
empiezan a aparecer, más vale tarde que nunca, testimonios que
acreditan la profunda imbricación entre el Terrorismo de Estado y la
instalación del modelo económico neoliberal instaurado por la Dictadura
y consolidado por la Concertación.Tiempo Argentino(Claves del Mundo pág. 3)
