Necesidad de profundizar la educación cívica y de formar un movimiento social amplio que instale en la opinión pública la urgencia de una nueva Constitución, fueron las principales conclusiones de los panelistas invitados a hablar sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente para Chile.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) y la Red de estudiantes por la Asamblea Constituyente, realizaron el martes 24 de marzo el foro “Asamblea Constituyente: un proceso posible en Chile”, con participación de estudiantes, académicos y representantes de organizaciones sociales que estudian y proponen el tema.
La actividad, que se desarrolló en el marco de la semana de bienvenida de la Universidad Central, sacó en limpio que sin la organización social de diversos sectores de la ciudadanía, no se podrá lograr el objetivo de cambiar la Constitución de 1980, que nos rige hasta ahora.
Las exposiciones iniciaron a cargo de Patricia Albornoz, profesora de la cátedra de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de esa Universidad, quien recalcó que “en estos momentos de reconstrucción del país, -también- se hace imprescindible reconstruir junto a toda la sociedad nuestra carta fundamental”.
Posteriormente, el doctor en Historia del Derecho e iniciador del movimiento por la Asamblea Constituyente “Chile a la Carta”, Eric Palma, valoró la convocatoria a discutir este tema en un espacio abierto, y concentró sus esfuerzos en demostrar la manera en que la actual Constitución que rige en nuestro país no es representativa del interés general de la sociedad, así como de la legitimidad de una Asamblea Constituyente, “porque somos soberanos, titulares del poder constituyente y nadie debe arrebatarnos ese derecho”.
Asimismo, enfatizó el deber que tienen los propios ciudadanos de informarse y de los profesionales de retomar la educación cívica, “elemento necesario para la transformación del movimiento social en poder político”.
Los estudiantes, por su parte, analizaron la génesis de la actual Constitución nacional, en el contexto de la dictadura militar, la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Chile, a la luz de procesos vividos en otros países latinoamericanos (Ecuador, Bolivia, Colombia) y en el desafío que implica concienciar a la población de la necesidad de una nueva carta fundamental, requisito ineludible a la hora de conformar un movimiento social amplio que presione a la clase política chilena.
Nicolás Forja, estudiante de Historia de Umce, subrayó el carácter antidemocrático de la Carta Magna de 1980: “es una Constitución “faccional”, porque un sector político interesado la creó y posibilitó su aprobación, en un contexto represivo, con nula información y discusión por parte de la sociedad y en circunstancias electorales viciadas”, señaló.
Por su parte, Patricio Lagos, estudiante de Derecho de la Universidad Bolivariana, analizó la estructura de la actual Constitución y comentó que “las casi cien reformas que se hicieron durante los gobiernos de la Concertación sólo han sido superficiales”. Así mismo, señaló las trabas burocráticas y legislativas (altos quórums, inexistencia de la Asamblea Constituyente como instancia legal, por ejemplo) que la misma Constitución contiene en relación a su modificación.
El último en exponer fue Matías Sagredo, coordinador de la Red de Estudiantes por la Asamblea Constituyente, quien profudizó en los efectos sociales y políticos actuales que la Constitución del ’80 provoca en la sociedad, principalmente en relación al modelo económico y sus consecuencias: “Implantó en Chile el salvaje sistema económico actual y lo exportó como ejemplo para los capitalistas del mundo, pero peor aún, ella misma impide que el pueblo pueda darse su propia Constitución, asegurando la estabilidad del sistema”, concluyó.
Ante las principales críticas de ciertos sectores de parlamentarios, que consideran una pérdida de tiempo y energías una Asamblea Constituyente y que insisten en la necesidad de que sólo sean especialistas quienes discutan una nueva carta fundamental, Patricia Albornoz señaló que la Asamblea Constituyente y otras iniciativas sociales para la modificación de nuestra Constitución son rechazadas por un sector de la clase política porque ven en ello un peligro ciudadano.
Por Cristóbal Cornejo
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