23 agosto 2011

DECLARACIÓN CIUDADANA POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Hoy vemos con alegría el renacer de la Justicia en el corazón de los chilenos y la idea de una Asamblea Constituyente para Chile que surge desde de las demandas del movimiento social en todo el país y cada ciudadano y ciudadana comienza a informarse sobre este derecho propio de todos los pueblos del mundo que deciden tomar las riendas de su propio destino y avanzar hacia la felicidad que merecen y les ha sido negada.
La necesidad urgente de una transformación profunda en la institucionalidad impuesta por una dictadura del pasado y hecha a la medida de los intereses económicos de quienes se aseguraron para sí las riquezas de todo un pueblo, es hoy asumida por los estudiantes y ciudadanos chilenos en ejercicio conciente de su soberanía.
Frente a esta realidad urge hoy aclarar conceptos e ideas que no corresponden a la verdadera inspiración de una Asamblea Constituyente y que están siendo planteadas como propuesta de algunos sectores políticos e incluso académicos que buscan acaparar el poder constituyente o simplemente no entienden del tema. Dentro de las propuestas planteadas se está concibiendo a la Constituyente como una entidad no soberana (comisión), solo de carácter propositiva y con el único rol de elaborar un proyecto de Constitución que luego ha de ser sancionado por el Congreso. Constituye esto el intento de instalar un nuevo fraude y una forma de destruir el hermoso sueño y gran posibilidad de terminar con el sufrimiento de muchos chilenos mediante el ejercicio de la voluntad de las mayorías que decidan lo que es mejor para todos, sustituyéndola por la voluntad de unos pocos políticos. Nuevamente irrespetar al pueblo o cerrarle la puerta en la cara cuando se encuentra frente a frente a la posibilidad real de ejercer un cambio positivo a través de su propia determinación.
Nuestro congreso hoy está regido por un sistema binominal de elecciones parlamentarias y por los llamados quórum calificados que exigen hasta el 2/3 de los votos para cualquier cambio profundo, lo que asegura que todo proyecto que transite por el parlamento no pueda contradecir nunca lo consagrado en Constitución Política de 1980, ya que requiere la negociación obligada con los sectores que la defienden. Bajo este sistema toda iniciativa ciudadana o proyecto de ley que plantee un cambio real ha terminado o terminará siempre convirtiéndose en una ley igual o peor a las anteriores o simplemente no llegará a ser ley (p.e: LOCE – LGE, 2006). En el caso propuesto recientemente por algunos sectores políticos, el Congreso Nacional sería quien asumiría el poder constituyente real y no el pueblo soberano en una asamblea elegida y constituida democráticamente por él para la redacción de una Nueva Constitución.
Hay que aclarar que esto contradice absolutamente el sentido de una Asamblea Constituyente, la cual corresponde a la expresión inalienable de la soberanía del pueblo. Esto quiere decir que el rol constituyente no puede ser ejercido por otro organismo que no sea este y que reside en la Asamblea el poder constituyente de redactar el nuevo Contrato Social en concordancia con la voluntad general del pueblo, el cual luego ha de ser ratificado o reprobado por la ciudadanía mediante referéndum. El actual Congreso no puede intervenir en el proceso constituyente.
El Congreso Nacional cumple su rol hasta el momento en que comienza a funcionar la elegida Asamblea Constituyente, instante en que el poder legislativo: continúa tramitando las leyes en proceso, queda en suspensión de sus funciones o simplemente es asumido por la misma Constituyente. Cualquiera de las tres opciones son ejercidas hasta el momento de ser elegido un nuevo parlamento, ratificado el anterior o creado otro organismo legislador durante el proceso constituyente. Además se ha de aclarar que quienes ejercen el poder constituido hoy (Estado vigente) no pueden participar del poder constituyente (Asamblea Constituyente) por motivos de aseguramiento de la legitimidad, democracia y transparencia del proceso.
La Asamblea Constituyente es la más hermosa manifestación de democracia que puede manifestar un país. Es el espacio donde la voluntad general del pueblo (entiéndase pueblo como todo habitante del país) es la única voluntad y su libre determinación se manifiesta a cabalidad. Corresponde a la reunión de personas, elegidas por los ciudadanos, que se juntan a redactar la Constitución Política que regirá al país. Se ha de aclarar el carácter popular de la Asamblea, que, como su nombre lo dice, debe convocar la participación más directa posible de la ciudadanía. Para esto la convocatoria debe ser lo más amplia posible y abarcar todos los sectores de la sociedad con representantes de cada lugar del país y de cada sector social (organizaciones sociales y políticas, movimientos estudiantiles, académicos, científicos y artísticos, microempresarios, trabajadores profesionales de todas las áreas, pueblos originarios, movimientos de género y por qué no: la opinión de los niños), debiendo resguardar por sobre todo la democracia y la participación ciudadana en todo el proceso Constituyente. La participación social incluirá la reflexión y aporte constante de la ciudadanía sobre las propuestas constitucionales, siendo el pueblo el único poseedor del poder soberano de construir, elegir o revocar la Constitución Política que ha de dirigir sus destinos en el tiempo.
Sea ésta más o menos la idea que se lleve a cabo, o no, en Chile, hemos de saber (y defender en el caso que sea necesario) que la Asamblea Constituyente es un derecho inherente de los pueblos y naciones y no se limita a jurisdicciones ni reglamentos constitucionales, ni ningún tipo de ley, pues, por su condición ORIGINARIA es SUPERIOR a toda ley, acuerdo, norma o reglamento, así como a todo poder constituido. TODO PAÍS DONDE LA VOLUNTAD GENERAL DE SU PUEBLO LO EXIJA puede llamar a Asamblea Constituyente.
En el caso que los gobiernos o sectores políticos dominantes se opongan o intenten detener este proceso, la ciudadanía (mientras sea mayoría) tiene toda la facultad democrática de llamar a plebiscito nacional para realizar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución. La Asamblea Constituyente está por sobre cualquier ley o reglamento y no depende, en ningún caso, de ellos para constituirse. En el caso de la negativa por parte de las autoridades con el argumento de no estar contemplada en la institucionalidad vigente, se acude entonces a la invocación de las Bases Jurisprudenciales de la Supraconstitucionalidad, que en términos jurídicos sustentan y reconocen el derecho de convocar a un plebiscito para la conformación de una Asamblea Constituyente, sin importar si esto se encuentra restringido u omitido por la constitución y la legalidad vigente.
El proceso de Asamblea Constituyente en Chile hoy debe constituirse en base a la participación social de la población que debe ser la protagonista de su propia reconstrucción como República. Hemos de tener conciencia y defender la idea de que la Asamblea Constituyente debe ser popular y los poderes estatales y/o fácticos no pueden poner condiciones ni limitaciones en su configuración.
Con el fin de impulsar esta iniciativa e informar adecuadamente a la opinión pública damos esta información e invitamos a la ciudadanía y a todas las organizaciones sociales a sumarse a esta tarea ciudadana y soberana.
Súmate:
Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente. REDESCHILE

20 agosto 2011

Entrevista a Juan Pablo Letelier Es responsabilidad nuestra armar un nuevo pacto político y social


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Para el senador del PS, el pacto al que se llegó luego del plebiscito del 88 está obsoleto, ya se agotó. Por eso plantea que llegó la necesidad de generar un nuevo acuerdo, consultas ciudadanas y un cambio al sistema político, comenzando por inyectar mayor competencia electoral.  
"Esto se lo escuché a un ex Presidente de Uruguay", empieza diciendo el senador socialista y vicepresidente de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier: "cuando los debates de la sociedad le pasan por el lado al Parlamento, los Parlamentos están de más". Según señala, la crispación social y el descontento ciudadano requieren ser atendidos con profundos, como lo son reformas constitucionales y la confección de un nuevo sistema tributario en el país. "Es urgente", señala mientras mira por la ventana de su oficina en el Senado de Santiago.

Letelier, quien esta semana criticó que los presidentes de los partidos de la Concertación se hayan restado de la cita con el Presidente Piñera en La Moneda, afirma que es necesario "un nuevo pacto político".

¿Por qué cree usted que el país está enfrentando protestas sociales y la política goza de escasos porcentajes de aprobación?
Hay un malestar profundo de la sociedad que se en tres ejes. Uno: el arreglo institucional posplebiscito y reformas constitucionales del 89, que viabilizó la transición, se agotaron. Segundo, los niveles de desigualdad tienen al país hastiado. El 42% de la riqueza está en el primer quintil, el 15% de los chilenos vive en pobreza y los problemas de endeudamiento de la clase media emergente no se han sabido interpretar. El tercer elemento es que hoy la gente está mejor informada, más empoderada. Y se ha ido instalando la sensación de que si no gritas ni protestas, no te escuchan.

¿Por qué dice que el pacto de 1989 se agotó?
Porque la actual institucionalidad política de representación no da el ancho. La gente no sólo quiere una democracia representativa, sino también una participativa. Se agotó porque hubo ciertos temas que no se abordaron en la transición y hoy el país está con ganas de abordarlos.

¿Como cuáles?
El Estado, con la actual carga tributaria, no es capaz de entregar recursos públicos a una sociedad con el actual ingreso per cápita. Las políticas sociales asociadas a las tributarias no permiten dar el próximo paso. Durante los últimos 20 años se avanzó mucho, pero no da para más la democracia representativa que tenemos porque no abre espacios para la democracia participativa y el reconocimiento de los actores sociales.

¿Cuáles son las rigideces del sistema político actual?
El sistema binominal es poco . Dos por lista, donde el sistema de partidos tiene pactos rígidos. Esto no sólo se da en el Parlamento, sino también en todas las otras estructuras de representación del país. Si vemos la de los municipios, tenemos un sistema de representación donde los concejos no tienen poder. La estructura municipal se centra en una persona. Es decir, tenemos una estructura de representación en el país que es deficiente.

¿Cómo fue la evolución del pacto político luego del plebiscito?
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Uno de los elementos de la transición era asumir que había una sociedad en estado de conflicto, con profundas grietas. Ese proceso que ahora se ve lejano, no fue fácil. El sistema y los actores políticos de hoy colaboraron en esa transición y se hizo bien, con altura de miras. Fue un proceso complejo. Pero ahora el sistema político debe ser capaz de escuchar esas demandas que quizás no florecieron porque no estaban las condiciones o porque no supimos escucharlas.

¿Y ahora están?
Es necesario abrir el debate entre la Alianza, la oposición -y digo oposición, no sólo Concertación- y los actores sociales para redefinir qué tipo de país necesitamos, qué ordenamiento político, económico e institucional necesita Chile para los próximos años. Esto lo saben los empresarios. Hoy estamos arriba de un volcán que va a explotar. Puede hacerlo de diferentes formas como estallidos sociales que se agudicen o que surja un populismo, sea de derecha o de izquierda.

Lo que está planteando es un cambio político radical
Si no entendemos lo que estamos viviendo, Chile no va a llegar a cumplir la meta de ser un país desarrollado. Este esquema dio todo lo que podía dar. No enfrentar esta situación sería la demostración de que no hemos aprendido ni entendemos nada. Acá está en juego la capacidad de esta generación política, que surgió a partir de la transición, de hacer un nuevo acuerdo institucional, por cierto una constituyente. Yo sé que eso molesta, que una persona que esté en el Parlamento y que sea vicepresidente del Senado esté planteando una constituyente, parece una contradicción porque se supone que el Parlamento debería ser el constituyente, pero hoy lo que uno constata es que el sistema político no está dando el ancho. O somos capaces como elite de abordar esto o hay que consultar a otros.

¿Está planteando una reforma constitucional?
La reforma constitucional es uno de los componentes. También una definición de la estructura tributaria del país que va más allá del ordenamiento económico que está reflejado en la Constitución, y que pasa por redefinir lo que entendemos por libre competencia o si queremos estos niveles de concentración.
El pacto del 89 se basó en la Constitución del 80, hubo modificaciones durante los gobiernos de la Concertación. Usted cree necesarias nuevas modificaciones...
Esa Constitución, si bien en las libertades políticas cambió, nunca lo hizo su sistema de generación del ejercicio de la soberanía popular, el Parlamento. Esa es una de sus tremendas distorsiones. La sociedad está diciendo por todos lados "no quiero más con esto". No quiero desvalorizar lo que se hizo en ninguno de los gobiernos de la Concertación. Se hizo lo que se podía. Creo que las reformas constitucionales que se hicieron durante el gobierno del Presidente Lagos dieron un paso. Hoy, la verdadera transición consiste en generar un nuevo pacto para un nuevo período.

El nuevo pacto que usted plantea requiere de un diálogo político. ¿Están dadas las condiciones para que pueda darse ahora?
No es que pueda darse ahora, tiene que darse ahora.

¿Por dónde se parte?
-Las constituyentes o las consultas ciudadanas son instrumentos de legitimación de un nuevo acuerdo. No se pudo hacer durante la transición posplebiscito porque no estaban las condiciones para hacer una consulta ciudadana como muchos queríamos. Hoy, si el sistema político no lo entiende va a ser rebasado. Que el gobierno tenga un 30% de respaldo me preocupa. Y cuando digo que el sistema debe legitimarse, lo hago en varios sentidos. Los partidos políticos no están para ponerse al frente de los movimientos y actores sociales, tampoco detrás, están para ponerse en su rol de ser intérpretes de esas demandas sociales y poder encauzarlas con ellos, no por ellos.

¿Hay miedo a crear ese espacio?
-Alguna gente le tiene miedo porque cuando se genere este diálogo los actores económicos van a perder poder relativo. Y en el sistema político se va a redistribuir el poder.

let.jpgLa institucionalidad chilena es respetada internacionalmente y muchos dicen que le ha dado estabilidad al país, ¿por qué cambiarla?
Tenemos una buena institucionalidad. Los niveles de corrupción son bajos, el Registro Civil es uno de los más modernos de Latinoamérica, en Impuestos Internos las declaraciones se hacen por internet, la penetración de las nuevas tecnologías, etcétera. No estoy desconociendo nada de eso. Eso hay que cuidarlo, profundizarlo y mejorarlo. Hemos avanzado mucho y no quiero cuestionar eso. Y no estoy buscando introducir elementos de inestabilidad. No creo que el binominal sea el que introduzca la estabilidad, sino los pactos, los acuerdos institucionales que representan al conjunto de la sociedad. El desconcentrar y descentralizar el poder no es signo de inestabilidad. El tema es que se haga sobre bases sólidas.
"Ya nos mostraron tarjeta amarilla"

A su juicio, ¿el orden institucional está siendo cuestionado?
-Sí, y si el sistema político no lo entiende, nos van a pasar la cuenta. Ya nos mostraron tarjeta amarilla. Estas movilizaciones sociales no son sólo porque haya un gobierno de derecha, esa sería una lectura equivocada. Aquí estamos frente a la rebelión de la clase media y la rebelión del mundo popular está a la vuelta de la esquina si no se actúa. Están acumulando rabia y eso no es bueno para un país. Eso en algún momento estalla...

¿Cree que la idea del nuevo pacto será aceptada en el Partido Socialista, en la Concertación y, más amplio, en la oposición?
-Estamos en un período de transición de las alianzas y los partidos que entiendan eso van a jugar un rol importante. Los que no lo entiendan van a quedar rezagados. Y hoy el desafío de los partidos es entender que es tiempo de ser audaz y buscar nuevas instancias de representación y entendimiento con la sociedad.

-¿Qué rol debería jugar el Gobierno?
-Esto es algo que no puede liderar el Gobierno o un gobierno. Es más profundo. Es cosa de ver lo que ha pasado con las reformas políticas hasta ahora. Esta discusión del voto chileno en el extranjero se ha hecho tan mal, se ha arrastrado hace tanto tiempo. Espero que la propuesta del Presidente abra espacios para que comencemos a hablar de esos temas.

-La entrada de Matthei, Allamand, Longueira y Chadwick al Gobierno abre espacios propicios para un diálogo como el que plantea.
Son cuatro actores políticos de derecha que deben y pueden jugar un papel muy importante en esto. No tengo la menor duda. Ahora, si ellos no están convencidos de que es necesario, yo creo que sí lo están...

Se lo han dicho.
Saben que esta es la tarea que debemos abordar. Me ha tocado conversar con ellos en diferentes instancias. Con el ex senador Andrés Chadwick lo hemos hablado en más de una ocasión. Estoy seguro de que Longueira lo entiende y también comprende que hay que hacer la reforma tributaria ahora. Ellos son interlocutores muy importantes.
El Mercurio el 31/07/2011

18 agosto 2011

Son ellos mismos…


Por Julio Oliva García

“Son ellos mismos” se llamaba la banda que acompañó a Mauricio Redolés
por algún tiempo. Él mismo explicaba, a fines de los ’80, que el
nombre había surgido de la respuesta que se daba cuando por esos años
habían hechos que intentaban cambiar el foco de atención, como la
“virgen de Villa Alemana”, saliéndose del tema de la caída eminente de
la dictadura.

Hoy, cuando la movilización social sigue creciendo y pone en jaque la
institucionalidad antidemocrática toda, extrañamente hay dos bombazos
seguidos en el monumento en memoria al ideólogo dictatorial Jaime
Guzmán. Este lugar está sobreprotegido, no solamente por el monumento
de estilo fascistoide, sino también porque en el mismo sector está la
embajada de Estados Unidos, entonces cabe preguntarse quién es tan
audaz o tiene tanta preparación y conocimiento como para hacer algo de
ese estilo.

Hemos visto en las movilizaciones carabineros y agentes de
Investigaciones “camuflados” de encapuchados, según su mando para
detectar a los violentistas, pero obviamente también han participado
de la incitación a la violencia, en especial a aquella que no tiene
como objetivo detener la represión sino dañar al movimiento, volcando
y quemando autos, apedreando edificios, robando en La Polar o en otros
locales, donde extrañamente también no han llegado las fuerzas
policiales uniformadas, que se pasean por miles en los días de
marchas, a detener tales desmanes.

Un desquiciado edil pide sacar a las fuerzas armadas a la calle si la
policía no puede con la movilización, señala a la vez que esto no
tiene nada que ver con ideologías, que Pinochet es cosa del pasado,
pero insiste en defender su escaso poder con la fuerza. Otro amenaza
con detener a todo el que porte pañuelo o bufanda al cuello pues
amenaza con encapucharse, como si el frío y las lacrimógenas no fuesen
suficiente exigencia para ponérselas.

Nada les resulta, llaman a que los que quieran estudiar se inscriban
en diversos lugares y no solamente llega escasa gente, también hacen
el llamado con un afiche en el que sus tres protagonistas demandan su
salida pues participan del movimiento actual, la imagen fue robada de
otra campaña realizada hace años por el MINEDUC y nadie les avisó ni
les pidió permiso para utilizarla en contra de los que ellos defienden
hoy.

Entre gobierno y “oposición” tratan de convencer a los estudiantes y a
la sociedad de que el problema debe arreglarse en el parlamento, como
en toda democracia que se precie, pero nadie les cree pues la
autodenominada “clase política” está desprestigiada hasta más no poder
y la institucionalidad, esa que uno insiste en decir que funciona, se
cae a pedazos con su origen oprobioso en medio de la sangre y la
infamia, su continuidad segregadora y absolutamente elitista, y su
absoluto desprecio por la ciudadanía. No por nada el 50% de los
chilenos en edad de votar no quiso hacerlo en las últimas elecciones,
no se inscribió, no fue a votar o votó nulo y blanco, pues desprecia
el modelo electoral impuesto y defendido por los herederos de la
dictadura.


No solamente Carlos Larraín, el senador designado de RN, se aterra con
el plebiscito y llora por la posibilidad de que surja una Asamblea
Constituyente donde llegue gente “que nadie conoce”, acostumbrado como
está a solucionar las cosas entre “gente bien”; también sale Zaldivar
diciendo que no está para plebiscitos, no vaya a ser que a la chusma
se le ocurra plebiscitar la zonas marítimas de pesca industrial y le
embarren el negocio con Angellini, y pinponea Walker, presidente de la
DC, que aborrece esos estilos de gobernantes “antidemocráticos” como
Chávez, Evo Morales y Correa. Pero la exigencia de plebiscito
vinculante con participación ciudadana sigue creciendo, generando
espacios amplios de trabajo y de acción.


Así es, “son ellos mismos” los que intentan aterrar a la población o
volverla al estado de embrutecimiento en el que la mantuvieron por
tanto tiempo; son ellos mismos los que insisten en resolver entre
cuatro paredes problemas que en 30 años no han resuelto por que están
involucrados hasta las masas en su ejecución.

Son ellos mismos los que quieren que no nos juntemos, que no nos
organicemos, que no salgamos a las calles, que no marchemos, que no le
demos a la cacerola ni hagamos la barricada para expresar la
indignación acumulada, para exigir Educación estatal, gratuita y de
calidad, para querer resolver las cosas desde las mayorías y no desde
esa ínfima mayoría que hoy cree ser dueña de Chile.
 

16 agosto 2011

Silva Cimma se pronuncia por una Asamblea Constituyente en carta al Mercurio

Lunes 15 de Agosto de 2011 Necesidad de una nueva Constitución

Señor Director:
En estos últimos días se viene hablando con vehemencia, como consecuencia de todos los problemas que se han suscitado en el campo educacional especialmente, de una necesidad plebiscitaria que modifique las normas de la actual Constitución.

Ello es extremadamente difícil, y mucho más para quienes en su oportunidad pretendieron que la reforma del 2005 implicaba una nueva Constitución, todo lo cual no fue así.

Se olvidó que en aquella época hicimos presente que estábamos en presencia de una Constitución ilegítima en su generación, porque ella se basaba en principio en las llamadas normas o actas institucionales de la Constitución fascista de Vichy, y que lo que procedía simplemente era hablar de una nueva Constitución que tuviera por base una concepción de asamblea constituyente.

Va de suyo por lo tanto que aceptar y defender una asamblea constituyente permitiría estudiar normas sobre reformas integrales en la educación, las que por lo demás en aquella ocasión figuraron en un extenso y profundo estudio que elaboró una comisión de especialistas y expertos que tuve el honor de presidir. Allí se sostuvieron puntos de tanta vigencia y actualidad como la desmunicipalización, la fuerte intervención del Estado, el reconocimiento de la intervención básica de los alumnos y del profesorado, que en una materia de tal índole con razón se está señalando como pertinente; la existencia de la gratuidad, reconocida como fundamental y tantos otros que con fundada razón reclaman hoy día los alumnos y el profesorado.

A la vez, qué duda cabe en que en la especie estaríamos en presencia de una institución nueva, genuinamente democrática, y que permitiría salvar integralmente no sólo el problema docente y educacional a plena satisfacción, sino que además el problema institucional básico de una Constitución nueva que todos los especialistas estamos reclamando y justificando en plenitud, y que permitiría realmente solucionar los problemas que tanto claman hoy en el ámbito educacional como a la vez los otros que vendrían a dar nacimiento a plena satisfacción al problema constituyente.

Abstengámonos, por lo tanto, de seguir planteando cuestiones plebiscitarias de base absolutamente improcedente, y reconozcamos, por lo tanto, que la idea que estamos recordando reconocería en plenitud no sólo lo que en la época se discutió con bastante más claridad, sino que nos permitiría al fin hablar de una nueva Constitución Política para Chile.

Con especial e íntima convicción, respeto y humildad, dejamos esbozado el recuerdo de esta iniciativa con la esperanza de que la doctrina chilena pueda recogerla.
ENRIQUE SILVA CIMMA
Profesor Emérito

08 agosto 2011

La conveniencia de una nueva Constitución

Editorial: La conveniencia de una nueva Constitución

Una Constitución vigente se puede enmendar muchas veces. Incluso es recomendable hacerlo cuando determinadas normas o partes de ella quedan obsoletas o a contra pie de los hechos sociales y políticos. Por ello, en todas se explicitan normas y procedimientos para su reforma. Pero su elasticidad política no es infinita, como se ha pretendido en Chile con la Constitución de 1980. Si se exacerban, los ejercicios de reforma pueden derivar en adefesios institucionales en que todo funciona casuísticamente, y muy pocos de sus contenidos expresan las mayorías legítimas de una sociedad democrática.
Hacer una nueva Constitución es un ejercicio diferente al de una reforma constitucional. Se trata de una acción fundante, destinada a elaborar los contenidos de un nuevo pacto político integral de la ciudadanía sobre las formas de generación, distribución y ejercicio del poder político, además de una definición de los valores de orientación que guiarán la vida social e institucional del país con el carácter de legítimos. Sus resultados pueden contener cosas que estaban en la anterior, pero serán articulados por una nueva lógica social y política mayoritaria.

Hacerlo es un acto político antes que jurídico, si bien el resultado final es una ley de leyes.
Chile ha sido dominado durante 20 años por el binominalismo estructural  que impregna la Constitución de 1980. Este obliga, como un juego normal de las elites, a someter todo a una negociación, pues el empate institucional es la regla. Pero tal negociación se da en dos planos muy diferentes, según sean los bienes en disputa.   Por una parte, el Estado y el gobierno exhiben una enorme supremacía restrictiva en materia de libertades políticas frente a los ciudadanos (iure imperii) que es casi imposible romper por el empate electoral binominal. Por otra, cuando se trata de derechos económicos ocurre exactamente lo contrario, el Estado solo tiene poder de administración  (iure administrationis) y se negocia en la libertad del mercado según el poder y capacidad de los actores, produciéndose una enorme asimetría entre el poder económico y los ciudadanos comunes y corrientes.
El artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 sostiene que “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.
Es ello lo que ha generado un país de enormes desigualdades y carencia de derechos, parte de lo cual, finalmente, ha terminado por germinar en una ola de malestar ciudadano que se expresa en las manifestaciones sociales de los últimos meses.
Cada reforma a la actual constitución (de 1980) fue, en su momento, un parto de los montes, por sus complejos mecanismos, que excluyen totalmente la participación ciudadana, y tienen costosos quórum legislativos que transforman todo en una difícil negociación.

Nadie pretende que las Constituciones sean desechables, pero las sociedades modernas no son entes en equilibrio estático sino ambientes sociales en flujo, y Chile ha cambiado, y mucho, en los últimos veinte años. Los gobiernos y la  política debieran ser capaces de captar ese movimiento, de múltiples intereses y actores, y transformarlo en un acto creativo que mantenga a la sociedad en el camino del progreso de una manera estable.

Ese arte posiblemente implica conservar aquello que está en la memoria institucional profunda del país pero, al mismo tiempo, ceder ante los hechos nuevos y crear los cambios indispensables. Es, o debiera ser,  un gran debate social, no de carácter exclusivamente jurídico o normativo, sino político y cultural, que involucre a toda la sociedad, porque las constituciones finalmente las hacen los pueblos.
Ello nunca ha ocurrido en Chile. Nuestra elite, de izquierdas y derechas, de corte autoritario, jamás ha sostenido la posibilidad de hacer un ejercicio de ingeniería social participativa sobre una Nueva Constitución.

El artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 sostiene que “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Si Chile siguiera esta prescripción hoy entendería que el proceso social que se vive expresa desacuerdos  tan profundos sobre la institucionalidad que nos rige, que es hora de cambiar la Constitución.

El desgaste político de enfrentar una reforma educacional de fondo, sin lucro y con cambios tributarios, no es un acto simple. Menos aún para un gobierno de baja popularidad como el actual.
Menos aún si debe unirse a una promesa de  diseñar una institucionalidad regulatoria rigurosa que evite de manera transparente la mezcla de política y negocios y los abusos a los ciudadanos, que impulse una sociedad de derechos constitucionalmente garantizados, entre ellos educación de calidad, salud, previsión social y un medioambiente sustentable,  y un régimen político descentralizado y moderno. Todo ello implica un cambio de la matriz conceptual de la Constitución de 1980 y hay que realizarlo como un proyecto nacional.

Todo indica que hoy en Chile existen las condiciones para iniciar un proceso participativo hacia una Nueva Constitución, por primera vez en la historia de nuestro país.

El Mostrador